Desde sus orígenes, “en la época precolombina, la Serranía del Perijá era habitada por los yuko-yukpas, los dobokubis y los baris.” (Aguilera, 2016, p.8).

Entre 1700 (1712-1818), las comunidades étnicas fueron desplazadas debido a guerras e invasiones.

Durante 1800 (1818-1913), resistieron refugiándose en la selva mientras se iniciaba la explotación petrolera, que continuó hasta 1900, generando conflictos y despojos.

Entre 1913 y 1960, exploraciones norteamericanas y europeas descubrieron reservas de petróleo, atrayendo a compañías extranjeras y provocando la defensa territorial de las comunidades étnicas.

Entre 1940 y 1950, la población de la Serranía del Perijá creció debido a despidos masivos de trabajadores de compañías petroleras extranjeras.

Para 1970, los territorios y comunidades étnicas disminuyeron, obligándolas a migrar a ciudades debido a invasiones para la ganadería, la agricultura y confrontaciones armadas (Rocha, 2010).

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Desde la década de 1980, movimientos guerrilleros llegaron al territorio de los barís, seguidos por la llegada de paramilitares en 1990, causando desapariciones y desplazamientos masivos. En el año 2000, la región es designada como resguardo indígena (Aguilera, 2016).

Entre 2000 y 2015, los desplazamientos y despojos masivos por parte del paramilitarismo persistieron. En 2015 y 2019, crecieron manifestaciones populares inconformes con el control de trasnacionales sobre comunidades y recursos naturales.

Durante 2020 al 2023, se han intensificado amenazas y ataques a defensores y líderes ambientales.